El Gobierno provincial y los defensores del proyecto lo presentan como una "enorme oportunidad" para la provincia, esencial para diversificar la matriz productiva ante el declive de la extracción petrolera. La vicegobernadora Hebe Casado defendió el proceso como "transparente", destacando la revisión "exhaustiva" por parte de ministerios y universidades, e indicó que la minería se enmarca en la búsqueda de la expansión económica con estándares ambientales vigentes. Incluso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, brindó su público apoyo al proyecto, asegurando que es una oportunidad para el crecimiento provincial.

Pero no todo es color de rosa, ya que el sector ambientalista y las Asambleas por el Agua, protagonistas de una masiva movilización que incluyó cortes de ruta y una "caravana" hacia la capital provincial, expresaron un rechazo categórico al proyecto. Su principal argumento es el riesgo que la megaminería metalífera, en la cabecera del Río Mendoza, representa para la fragilidad hídrica de la provincia, cuyo ecosistema y economía productiva (agricultura) dependen históricamente del escaso recurso hídrico.